Un chiste macabro

En un mundo en el que, como si tal cosa, se derriban aviones de pasajeros, se vuelan restaurantes, se incendian escuelas, se asesina a mansalva y se secuestra y se tortura física y moralmente, existe una entidad, llamada Amnistía Internacional, que se desvela, se desvive y se despepita la pobre para que los autores de esos desmanes, siempre y cuando estén animados de ciertos móviles políticos, no sean ejecutados ni torturados ni encarcelados, sino tratados como sujetos por excelencia de derechos humanos, de esos mismos derechos a los que sus víctimas no han sido dignas de tener derecho. Evidentemente, Amnistía Internacional no se fundó para condenar el delito, sino para proteger al delincuente. Amnistía Internacional es una cosa así como la Sociedad Protectora de Animales, y a nadie se le ocurriría acudir a esta benemérita institución a curarse del mordisco de un perro o de la coz de un burro. Un delincuente es, o era, un sujeto que se pone fuera de la ley, fuera de todo derecho, pro una vez la ley le echa el guante, queda sometido a ella, queda bajo su imperio, al menos en los Estados de Derecho, y ha de expiar su quebrantamiento, su incumplimiento, y a la vez queda bajo su protección en lo que a garantías procesales se refiere.

Puede que mis ideas jurídicas estén algo anticuadas. De todos modos, lo que acabo de decir acaso en algunos países se tenga todavía en cuenta en el caso de los delitos comunes, pero dudo mucho de que resulte ya de recibo en el caso de los delitos políticos. En el caso de los delitos políticos - y conste que me estoy refiriendo exclusivamente a los delitos de sangre - tiene hoy en día menos importancia el castigo del delincuente que su protección jurídica, protección que se plasma en indultos, sobreseimientos y “reinserciones” a granel. Este brusco desequilibrio entre el castigo y la protección, a favor de la protección, por supuesto, sólo puede significar jurídicamente una cosa, y es que el Estado de Derecho no está tan seguro de su buen derecho como los delincuentes políticos del suyo; en el plano moral es consecuencia de un indiferentismo a ultranza que hace consistir la justicia en la equiparación absoluta del bien y del mal, indiferentismo en el que incurren incluso ministros de la Santa Madre Iglesia, muy propensos a olvidar lo que San Juan dice de los tibios. Esto por no hablar de otros ministros del Señor que se enfundan con un celo sospechoso la toga de abogados del Diablo. El resultado en cualquier caso es que la noción del delito punible deja paso a la del delito premiable.

De sobra sé que en materia de delitos políticos no es lícito generalizar, y que un presunto delito político es más o menos grave, es más o menos delito según se contemple a la luz del derecho o a la luz de la jurisprudencia de Nuremberg. La jurisprudencia de Nuremberg no fue más que el acto final de una guerra en la que, como suele ocurrir en estos casos, los vencedores castigaron a los vencidos haciendo tabla rasa de toda ciencia jurídica pasada, presente y por venir. Por muy antijurídico que fuera el que los jueces tipificaran sobre la marcha unos delitos que no estaban tipificados en ninguna ley, también es verdad que la fuente del derecho es muchas veces la fuerza, y que en aquella ocasión la fuerza la tenían quienes hicieron mangas y capirotes del derecho para dar una semblanza jurídica a un sencillo acto de guerra. Como saben muy bien los polemólogos, son incontables las ocasiones en la historia de la humanidad en que los vencedores pasan a cuchillo a los vencidos; la novedad de Nuremberg estuvo en hacer que ese acuchillamiento sentara jurisprudencia, y así fue cómo se introdujo la ley del embudo en el derecho penal internacional. Ya existía la jurisprudencia de Nuremberg, por lo menos in fieri, cuando se arrojaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero como ya existía la ley del embudo, nadie calificó de genocidio esos actos de guerra. Y es que en Nuremberg, más que los delitos en sí de los vencidos, lo que se castigó fue los móviles ideológicos de esos delitos; se castigó y se proscribió a perpetuidad una ideología, la fascista, que Benedetto Croce calificó de enfermedad moral juntamente por cierto con el marxismo. Aun admitiendo que fascismo y marxismo sean las únicas enfermedades morales en el terreno político, que no lo son, lo cierto es que una enfermedad moral no se la proscribe legalmente, sino se la trata o se la mitiga. Me aclaro. Enfermedades morales son también la piromanía y la homosexualidad, pero el que las padece no puede ser un proscrito por el mero hecho de padecerlas, sino por cometer delitos que puedan o no tener su origen en su condición patológica. Mientras el mundo exista habrá racistas, comunistas, maniáticos, fanáticos, etc., etc., y lo que la sociedad tiene que hacer con sus leyes es evitar que “se realicen” en el crimen. Lo que no puede hacer es prohibirles ni impedirles ser lo que fatalmente son. A la democracia liberal, que también puede llegar a ser una enfermedad moral, no se la puede proscribir por el mero hecho de que en 1945 un demócrata borrara del mapa dos ciudades japonesas.

A mí me parece muy mal que los alemanes metieran en campos de concentración a los judíos como me parece muy mal que los cubanos metan en campos de concentración a los homosexuales, pero por mal que todo ello me parezca, en el mundo seguirá habiendo simpatizantes del nacionalsocialismo y del marxismo-leninismo, y eso no lo puede impedir ni reprimir ningún código ni ningún tribunal ni ningún Estado; lo que sí pueden y deben impedir, y castigar, es que los simpatizantes de esas ideologías, o de otras cualesquiera, o de ninguna, atenten contra la vida del prójimo o contra la paz del territorio, que es como se dice “orden público” en alemán.

Alguna vez he dicho, y lo repito ahora, que nuestra civilización acusa síntomas alarmantes de senilidad, pues del mismo modo que el anciano olvida dónde dejó las gafas hace media hora pero conserva una memoria fotográfica de lo ocurrido en su niñez, nosotros acreditamos una memoria de elefante para delitos ocurridos hace medio siglo y en cambio amnistiamos, es decir, olvidamos los perpetrados hace veinticuatro horas. He aquí por qué, Amnistía Internacional, criatura senil de la jurisprudencia de Nuremberg, no se opone ni tiene por qué oponerse a la caza de nazis octogenarios o nonagenarios o muertos incluso, pues ni en los cementerios están a salvo, como pudo verse en el escándalo por la visita de Reagan al cementerio de guerra alemán de Bitburg, y en cambio se desoreja y se descuerna por aliviar la suerte o poner en libertad a delincuentes políticos convictos y confesos que están en la flor de la edad y dispuestos a seguir matando por sus ideas en cuanto salgan a la calle. A seguir matando sin cuartel. Amnistía Internacional no hace más que pedir cuartel para los que hacen la guerra sin cuartel. Amnistía Internacional es un chiste macabro.